Mayra Mendoza, tras el fallo contra Cristina: “No condenan a una persona, condenan una historia”

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, utilizó su cuenta de X para manifestar su rechazo al fallo y encuadrarlo en una “persecución política”.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara el fallo contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad, distintas figuras del kirchnerismo salieron a expresarse en redes sociales en defensa de la exmandataria. Una de las más enfáticas fue la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien utilizó su cuenta de X para manifestar su rechazo al fallo y encuadrarlo en una “persecución política” más amplia.

“Hoy no condenan a una persona, condenan una historia, un proyecto y a millones que no se resignan ni resignarán jamás. Nos van a encontrar más organizados que nunca, con más memoria, fuerza, amor y militancia junto a nuestro pueblo”, escribió Mendoza, en un tono desafiante y militante, alineada con la narrativa del kirchnerismo que sostiene que las causas judiciales contra Cristina Kirchner forman parte de una estrategia para proscribirla políticamente.

En otro mensaje publicado en la misma jornada, la jefa comunal redobló sus críticas, esta vez apuntando directamente contra el gobierno nacional y el máximo tribunal: “En un día en el que el triunvirato que ocupa la Corte decidió lesionar la democracia estableciendo un cepo al voto popular, el pueblo estuvo poniendo el cuerpo para demostrar que es agradecido con quien lo dignificó, para dejar en claro quién lo representa y, en todo ello, para reclamar una alternativa bien distinta al gobierno cruel y gorila de @JMilei”.

Las declaraciones de Mendoza se suman a una serie de reacciones por parte de referentes del espacio Unión por la Patria, que consideran que la resolución del tribunal supremo no sólo afecta a la figura de la expresidenta, sino también a la legitimidad del movimiento político que lidera. Para Mendoza, el fallo judicial tiene implicancias políticas profundas y se inscribe en un contexto de lo que el kirchnerismo califica como “lawfare”, es decir, el uso del aparato judicial para disciplinar y debilitar a líderes populares.